LA PAZ.- El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó la Ley de Regulación y Saneamiento Vehicular, que prevé la legalización de los autos denominados "chutos" (indocumentados) que se encuentran en el país y que ingresaron de contrabando hasta antes de la puesta en vigencia de la norma. Desde la oposición se denunció que también se blanquearán miles de vehículos robados dentro del país o en naciones vecinas.
El propio Morales explicó que la ley sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional busca ordenar el grave problema de autos indocumentados que afecta al país (se calcula que hay 120.000 vehículos en esas condiciones), y recordó que, desde ahora, se disponen de 15 días para que los propietarios de vehículos ilegales los registren para el proceso de legalización, que en total durará 90 días. Advirtió que las unidades que no se registren en el plazo previsto serán decomisadas y confiscadas.
"Vencido el plazo excepcional de vigencia del programa, la Aduana Nacional con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana procederá al decomiso de los vehículos indocumentados", remarca el artículo 7 de la ley.
La medida arrancó una fuerte protesta de diversos sectores. El poderoso gremio de los choferes anunció cortes de rutas en todo el país en rechazo a la ley, según el titular de esa confederación, Franklin Durán. Los congresistas de oposición, Jaime Navarro y Elizabeth Reyes, consideraron que la norma presenta "indicios claros de una instigación y de complicidad con el delito".
Los vehículos ingresados de contrabando están mayoritariamente concentrados en las zonas cocaleras de los Yungas y el Chapare, región cuyo líder sindical es el presidente Morales y donde circulan masivamente estos autos sin placas. Según cálculos extraoficiales, la legalización le generará al Estado ingresos superiores a los U$S 200 millones (cada blanqueo implicará el pago de unos U$S 2.000). "Definitivamente (los fondos) van a ayudar a curar las heridas que el déficit fiscal va a dejar", opinó Daniel Sánchez, presidente del gremio empresarial.
Los diarios de Bolivia denunciaron que el país se convirtió en los últimos años en un paraíso para vehículos usados traídos de Asia o sustraídos en otros países de sudamérica. (Télam-DPA-AFP)
El propio Morales explicó que la ley sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional busca ordenar el grave problema de autos indocumentados que afecta al país (se calcula que hay 120.000 vehículos en esas condiciones), y recordó que, desde ahora, se disponen de 15 días para que los propietarios de vehículos ilegales los registren para el proceso de legalización, que en total durará 90 días. Advirtió que las unidades que no se registren en el plazo previsto serán decomisadas y confiscadas.
"Vencido el plazo excepcional de vigencia del programa, la Aduana Nacional con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana procederá al decomiso de los vehículos indocumentados", remarca el artículo 7 de la ley.
La medida arrancó una fuerte protesta de diversos sectores. El poderoso gremio de los choferes anunció cortes de rutas en todo el país en rechazo a la ley, según el titular de esa confederación, Franklin Durán. Los congresistas de oposición, Jaime Navarro y Elizabeth Reyes, consideraron que la norma presenta "indicios claros de una instigación y de complicidad con el delito".
Los vehículos ingresados de contrabando están mayoritariamente concentrados en las zonas cocaleras de los Yungas y el Chapare, región cuyo líder sindical es el presidente Morales y donde circulan masivamente estos autos sin placas. Según cálculos extraoficiales, la legalización le generará al Estado ingresos superiores a los U$S 200 millones (cada blanqueo implicará el pago de unos U$S 2.000). "Definitivamente (los fondos) van a ayudar a curar las heridas que el déficit fiscal va a dejar", opinó Daniel Sánchez, presidente del gremio empresarial.
Los diarios de Bolivia denunciaron que el país se convirtió en los últimos años en un paraíso para vehículos usados traídos de Asia o sustraídos en otros países de sudamérica. (Télam-DPA-AFP)